La Junta de Andalucía ha aprobado una subida del módulo de VPO, una medida que supone un incremento desproporcionado del precio de esta tipología de vivienda que castiga a las personas que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre. Alcalá de Guadaíra es uno de los municipios más afectados por este incremento, por lo que desde el PSOE de Alcalá lamentamos el impacto para la población precisamente con mayor necesidad de acceso a una vivienda.
La política del Gobierno Socialista de Alcalá va justo en la dirección contraria, ya que trata de facilitar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos y en particular de los jóvenes que inician un proceso de vida. Por ello, las viviendas promovidas por nuestro Ayuntamiento a través de la empresa pública municipal de la vivienda VIVE no aplicarán la subida módulo de VPO aprobada por la Junta de Andalucía.
Recientemente el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha constituido la Empresa Municipal de la Vivienda, VIVE Alcalá para hacer frente a uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual, para que mediante las políticas de una administración pública se disminuya precio de la vivienda protegida.
El cambio aprobado por la Junta de Andalucía en el coeficiente que se aplica a la cuantía fija para calcular el precio de las viviendas VPO en el caso de Alcalá subiría del 1,15 al 1,50.
De acuerdo con la estimación realizada por la delegación de Urbanismo y según el ejemplo, una vivienda protegida de régimen general en Alcalá de Guadaíra de 90 metros cuadrados con garaje y trastero, que tenía un tope en febrero de este año en nuestra ciudad de 186.753,33 euros, una vez aprobado el Decreto el nuevo tope es de 250.411,86 euros, lo que supone un incremento del 25%. El el caso de una vivienda protegida de régimen general de 75 metros cuadrados con garaje y trastero, se pasaría de un precio de 161.240,58 euros a 216.202,59 euros, un incremento de 54.962 euros.
Queremos destacar el compromiso de nuestro Equipo de Gobierno para responder a las demandas de la ciudadanía mediante una intervención pública, aportando recursos económicos, apoyando la promoción de viviendas, cediendo de suelo municipal a la empresa pública municipal VIVE para la construcción, con incentivos y apoyos a la promoción y con una gestión más eficaz del Registro de Demandantes de Vivienda.