La Consejería de Educación de la Junta ha decidido eliminar otras dos unidades de Infantil en Alcalá y sigue de esta forma el proceso de eliminación que emprendió el año pasado. Entonces eliminó una del colegio Joaquín García y ahora lo hace en los colegios Cervantes y Los Cercadillos.
Su argumento es el descenso de la natalidad, el mismo que ya empleó el año pasado, pero se trata de una justificación que oculta una peligrosa tendencia de la Junta y lo que es una decisión premeditada respecto a la educación en Andalucía. Si se siguen sus políticas y sus decisiones se puede comprobar una voluntad firme para relegar la educación pública en su políticas.
Los ataques son permanentes y las cuestiones a resolver se le acumulan sin que se aprecie una voluntad para hacer frente a los problemas. Desde la estabilidad del personal interino a la necesaria desburocratización para que los profesores se dediquen a enseñar y no a rellenar papeleo, pasando por la mejora de las condiciones para el alumnado con necesidades específicas o la solución para la sobrecarga que padecen los profesores de la FP dual.
La caída de la natalidad no puede ser la excusa para eliminar líneas educativas, antes al contrario, debería verse como una oportunidad y aprovecharla para mejorar la calidad de la enseñanza. Eso es algo que siempre será una inversión positiva y que debe constituir un objetivo de toda sociedad avanzada o que pretenda avanzar.
¿Por qué en lugar de suprimir líneas, no empleamos las instalaciones y los profesionales en mejorar la calidad de la enseñanza? ¿por qué no se emplea la oportunidad para bajar la ratio, que es un elemento clave para mejorar esa calidad? A la luz de la actitud de la Junta estas preguntas tienen respuestas inquietantes. ¿Cuál es el objetivo final, despedir a profesionales?, ¿favorecer a la privada y la concertada?, ¿una progresiva privatización de la educación mediante la fórmula de deteriorar la pública para empujar a más alumnos a la privada?
La educación pública es uno de los grandes logros de nuestra ciudad y conseguir cada vez mayores estándares de calidad es una obligación de todo servidor público.